Gobierno y autoridades indígenas abordan política de pueblos indígenas y bonos de carbono
Octubre 7, 2026
La trigésima Asamblea de Diálogo Permanente permitió dar seguimiento a la construcción conjunta de una política pública y conocer oportunidades y condiciones para la participación de los pueblos indígenas en iniciativas de conservación ambiental.
Durante la trigésima Asamblea de Diálogo Permanente del Presidente de la República y las Autoridades Indígenas Ancestrales de Guatemala, se abordaron los avances en la construcción de la Política de Pueblos Indígenas y el funcionamiento de los bonos de carbono.
El presidente Bernardo Arévalo destacó la importancia de transformar la relación entre el Estado y los pueblos indígenas mediante el diálogo, el respeto y el trabajo conjunto. Señaló que la política debe construirse con los pueblos originarios y responder a sus necesidades, para avanzar hacia mecanismos institucionales que trasciendan al actual gobierno.
El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, y el viceministro de Interculturalidad, Santos Alvarado, compartieron los avances del proceso y la importancia de contar con un instrumento que permita traducir las demandas de los pueblos indígenas en resultados concretos. Entre las acciones previstas se encuentra continuar el trabajo metodológico participativo y promover la discusión de la propuesta en los territorios, a fin de elaborar un documento que refleje las necesidades de los pueblos indígenas.
Por su parte, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Edwin Castellanos, explicó el funcionamiento de los bonos de carbono, las condiciones para desarrollar proyectos vinculados con la conservación de los bosques y cómo esto puede generar recursos económicos. Destacó la importancia de garantizar la participación efectiva de las comunidades, el consentimiento previo, libre e informado, la certeza sobre la tenencia de la tierra y mecanismos transparentes y equitativos para distribuir los beneficios.
La Asamblea reafirmó la importancia del diálogo entre las autoridades indígenas ancestrales y las instituciones del Estado para avanzar en soluciones construidas de manera conjunta, con respeto a los derechos de los pueblos indígenas y una visión de continuidad institucional.
