El presidente Bernardo Ar\u00e9valo encabez\u00f3 la decimocuarta Asamblea Nacional de Di\u00e1logo con Autoridades Ind\u00edgenas y Ancestrales, con el prop\u00f3sito de escuchar directamente las demandas territoriales, fortalecer el trabajo conjunto y avanzar hacia soluciones concretas junto a los pueblos.<\/p>\n\n\n\n
Durante el encuentro, representantes de los pueblos ind\u00edgenas presentaron sus principales preocupaciones, centradas en torno a la defensa de territorios comunales y la necesidad urgente de detener pr\u00e1cticas institucionales que vulneran sus derechos hist\u00f3ricos. Las intervenciones coincidieron en la importancia de establecer mecanismos de coordinaci\u00f3n que reconozcan la preexistencia de los pueblos y atiendan la conflictividad.<\/p>\n\n\n\n
En respuesta, funcionarias y funcionarios del Organismo Ejecutivo expresaron su compromiso con una ruta de trabajo que priorice el reconocimiento de los derechos colectivos, la certeza jur\u00eddica de la tierra y una gesti\u00f3n integral del territorio. En esta reuni\u00f3n se plante\u00f3 trabajar en tres ejes prioritarios: certeza jur\u00eddica, protecci\u00f3n medioambiental y administraci\u00f3n territorial, con una agenda ejecutiva clara que evite el desgaste burocr\u00e1tico y priorice acciones viables desde la voluntad pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n
En su intervenci\u00f3n, el presidente Ar\u00e9valo subray\u00f3 la necesidad de dejar atr\u00e1s la inercia administrativa que perpet\u00faa la exclusi\u00f3n y llam\u00f3 a todas las instituciones a revisar sus procedimientos. Asimismo, el mandatario anunci\u00f3 la creaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Presidencial de Atenci\u00f3n a la Conflictividad (COPRECON), que dar\u00e1 seguimiento a los casos planteados en la asamblea. Tambi\u00e9n destac\u00f3 el desarrollo de los gobiernos departamentales como un espacio donde puede integrarse la territorialidad ind\u00edgena en la administraci\u00f3n del Estado, ausente en la legislaci\u00f3n vigente.<\/p>\n\n\n\n
Desde el Ministerio de Energ\u00eda y Minas, el ministro V\u00edctor Hugo Ventura reconoci\u00f3 la urgencia de atender los conflictos asociados a la instalaci\u00f3n de infraestructura energ\u00e9tica, y se\u00f1al\u00f3 que no deben permitirse proyectos sin socializaci\u00f3n adecuada ni sin beneficios tangibles para las comunidades afectadas.<\/p>\n\n\n\n
La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, reafirm\u00f3 que el 25 % de los bosques est\u00e1n bajo resguardo de comunidades ind\u00edgenas. Inform\u00f3 sobre la construcci\u00f3n de una iniciativa de Ley de Aguas que integre pr\u00e1cticas ancestrales y colectivas, y subray\u00f3 que el 85 % de los sistemas rurales de agua son gestionados comunitariamente.<\/p>\n\n\n\n
Desde la Oficina de Control de \u00c1reas de Reserva del Estado (OCRET), Axel L\u00f3pez reconoci\u00f3 la responsabilidad institucional en conflictos por arrendamientos superpuestos. Ofreci\u00f3 coordinar desde las sedes territoriales y revisar el modelo de arrendamiento para proyectos extractivos, en busca de mayor equidad.<\/p>\n\n\n\n
Igor de la Roca, del Consejo Nacional de \u00c1reas Protegidas (CONAP), subray\u00f3 que la instituci\u00f3n no declarar\u00e1 nuevas \u00e1reas protegidas sin consulta previa. Reiter\u00f3 que las comunidades son aliadas en la conservaci\u00f3n de los recursos, y comparti\u00f3 el ejemplo de la Sierra de Santa Cruz, donde las propias comunidades impulsaron la protecci\u00f3n de sus fuentes de agua.<\/p>\n\n\n\n
Desde el Instituto Nacional de Bosques (INAB), Bruno Arias explic\u00f3 que la instituci\u00f3n reconoce la posesi\u00f3n ancestral desde 2011, lo cual permite el acceso a incentivos forestales incluso sin t\u00edtulos inscritos. El 36 % de los fondos de estos programas benefician actualmente a comunidades sin registros formales.<\/p>\n\n\n\n
Erick L\u00f3pez, del Registro General de la Propiedad, explic\u00f3 que menos de la mitad de las propiedades en el pa\u00eds est\u00e1n registradas formalmente, lo que limita el ejercicio pleno de derechos. Subray\u00f3 el inter\u00e9s del Registro de revisar casos particulares y apoyar desde la legalidad los derechos colectivos.<\/p>\n\n\n\n
Hugo Bautista, registrador de la propiedad en Quetzaltenango, propuso invitar a representantes municipales a la Comisi\u00f3n Nacional Registral, para revisar los reglamentos locales que puedan vulnerar tierras comunales. Se\u00f1al\u00f3 la importancia de establecer criterios de calificaci\u00f3n registral ante posibles inscripciones conflictivas.<\/p>\n\n\n\n
Carlos Mendoza, secretario de planificaci\u00f3n de SEGEPLAN, reiter\u00f3 que esta instituci\u00f3n es actualmente la \u00fanica que verifica la certeza de la propiedad en el sistema de inversi\u00f3n p\u00fablica, lo que ha impedido la aprobaci\u00f3n de m\u00faltiples proyectos por falta de certeza legal sobre los terrenos. En ese marco, propuso que el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos ind\u00edgenas sea incorporado en la futura Pol\u00edtica de Pueblos Ind\u00edgenas liderada por el Ministerio de Cultura y Deportes, actualmente en proceso de construcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Desde el Registro de Informaci\u00f3n Catastral (RIC), Carlos Cristian Espinoza expres\u00f3 que, aunque su cobertura actual se limita a 68 municipios, est\u00e1n dispuestos a coordinar con las comunidades para realizar levantamientos e identificar tierras comunales en donde sea necesario.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, \u00c1ngela D\u00edaz, gerente general interina del Fondo de Tierras, destac\u00f3 que su instituci\u00f3n gestiona arrendamientos, regularizaci\u00f3n y acceso a la tierra. Abri\u00f3 la posibilidad de recibir directamente los casos planteados por autoridades comunitarias y anunci\u00f3 que el Fondo elabora una agenda estrat\u00e9gica para la pr\u00f3xima d\u00e9cada, en la que espera incluir los aportes de esta mesa.<\/p>\n\n\n\n
Estas intervenciones confirman el enfoque interinstitucional promovido por el gobierno y refuerzan el trabajo articulador de la Secretar\u00eda Privada de la Presidencia.<\/p>\n\n\n\n
Con este ejercicio, el Gobierno reafirma su voluntad de avanzar hacia una gesti\u00f3n p\u00fablica m\u00e1s cercana, respetuosa de los derechos colectivos y orientada a responder, con hechos concretos, a las demandas hist\u00f3ricas de los pueblos ind\u00edgenas. Este compromiso se consolida a trav\u00e9s del di\u00e1logo directo y una pol\u00edtica basada en el respeto, la justicia y la participaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
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