
El Gobierno de Guatemala presentó avances en proyectos de electrificación rural, los protocolos institucionales aplicados en casos de desalojos y el cumplimiento de compromisos de la Agenda Nacional, durante la Vigésimo Séptima Asamblea de Diálogo Permanente del Presidente de la República y Autoridades Indígenas Ancestrales de Guatemala, espacio de trabajo conjunto orientado a fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado y los pueblos indígenas.
Al inaugurar la Asamblea, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, destacó que el acceso a la energía eléctrica representa una deuda histórica con las comunidades que durante décadas permanecieron excluidas de los servicios públicos. Señaló que la electrificación no constituye un acto de beneficencia, sino el cumplimiento de un derecho que incide directamente en el acceso a la salud, la educación y las oportunidades de desarrollo.
Asimismo, indicó que los desalojos responden a una conflictividad agraria histórica que requiere un abordaje integral y reiteró que el Gobierno continuará promoviendo una actuación institucional con enfoque de derechos humanos y diálogo permanente con las comunidades.
Respecto de plan nacional para fortalecer la infraestructura de transmisión eléctrica, indispensable para ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio en el país el ministro de Energía y Minas, Erwin Rolando Barrios, expuso el Plan de Expansión de la Transmisión 4 (PET-4) para reforzar el sistema eléctrico en regiones como Petén, Alta Verapaz, Quiché y la zona Ixil, entre otras.
Por su parte, el gerente del INDE, Armando Martínez, informó sobre proyectos en 542 comunidades de Alta Verapaz (unas 30 mil familias) y soluciones mixtas (redes y fotovoltaicas) en la Zona Reina, Ixil, Izabal, Chiquimula y Zacapa.
Posteriormente se abordó el tema del protocolo de desalojos y conflictividad agraria. En este sentido, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, señaló que la Policía Nacional Civil actúan como auxiliares de la justicia bajo protocolos enfocados en el respeto a los derechos humanos, análisis de riesgo y el diálogo preventivo.
Asimismo, los representantes de la COPRECON y la COPADEH detallaron las estrategias de prevención de conflictos, asistencia humanitaria tras desalojos.
El director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (COPRECON), Norman Martínez, presentó las acciones de coordinación que desarrolla la institución para atender la conflictividad agraria, ambiental y social mediante mecanismos de prevención, diálogo y articulación interinstitucional.
Por su parte, el director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), Elvin Díaz, expuso el papel que desempeña la institución dentro del protocolo de actuación policial, mediante la emisión de dictámenes técnicos fundamentados en los estándares internacionales de derechos humanos, así como el acompañamiento a procesos de diálogo para prevenir vulneraciones a los derechos fundamentales.
Adicionalmente en seguimiento a la Agenda Nacional conjunta, la subsecretaria privada, Mónica Mazariegos, presentó avances en el espacio de trabajo conjunto de la asamblea de diálogo.
Durante la asamblea, se informó sobre la publicación oficial de la Guía práctica para implementar y operativizar el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, instrumento que orienta a las instituciones públicas sobre los procedimientos aplicables para la ejecución de obras en tierras de comunidades y pueblos indígenas.

Al finalizar la reunión, el presidente Arévalo reiteró su compromiso de mantener estos espacios de diálogo como mecanismos permanentes para responder a las demandas históricas de los pueblos indígenas.





