El presidente Bernardo Arévalo encabezó la decimocuarta Asamblea Nacional de Diálogo con Autoridades Indígenas y Ancestrales, con el propósito de escuchar directamente las demandas territoriales, fortalecer el trabajo conjunto y avanzar hacia soluciones concretas junto a los pueblos.
Durante el encuentro, representantes de los pueblos indígenas presentaron sus principales preocupaciones, centradas en torno a la defensa de territorios comunales y la necesidad urgente de detener prácticas institucionales que vulneran sus derechos históricos. Las intervenciones coincidieron en la importancia de establecer mecanismos de coordinación que reconozcan la preexistencia de los pueblos y atiendan la conflictividad.
En respuesta, funcionarias y funcionarios del Organismo Ejecutivo expresaron su compromiso con una ruta de trabajo que priorice el reconocimiento de los derechos colectivos, la certeza jurídica de la tierra y una gestión integral del territorio. En esta reunión se planteó trabajar en tres ejes prioritarios: certeza jurídica, protección medioambiental y administración territorial, con una agenda ejecutiva clara que evite el desgaste burocrático y priorice acciones viables desde la voluntad política.
En su intervención, el presidente Arévalo subrayó la necesidad de dejar atrás la inercia administrativa que perpetúa la exclusión y llamó a todas las instituciones a revisar sus procedimientos. Asimismo, el mandatario anunció la creación de la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (COPRECON), que dará seguimiento a los casos planteados en la asamblea. También destacó el desarrollo de los gobiernos departamentales como un espacio donde puede integrarse la territorialidad indígena en la administración del Estado, ausente en la legislación vigente.
Desde el Ministerio de Energía y Minas, el ministro Víctor Hugo Ventura reconoció la urgencia de atender los conflictos asociados a la instalación de infraestructura energética, y señaló que no deben permitirse proyectos sin socialización adecuada ni sin beneficios tangibles para las comunidades afectadas.
La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, reafirmó que el 25 % de los bosques están bajo resguardo de comunidades indígenas. Informó sobre la construcción de una iniciativa de Ley de Aguas que integre prácticas ancestrales y colectivas, y subrayó que el 85 % de los sistemas rurales de agua son gestionados comunitariamente.
Desde la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET), Axel López reconoció la responsabilidad institucional en conflictos por arrendamientos superpuestos. Ofreció coordinar desde las sedes territoriales y revisar el modelo de arrendamiento para proyectos extractivos, en busca de mayor equidad.
Igor de la Roca, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), subrayó que la institución no declarará nuevas áreas protegidas sin consulta previa. Reiteró que las comunidades son aliadas en la conservación de los recursos, y compartió el ejemplo de la Sierra de Santa Cruz, donde las propias comunidades impulsaron la protección de sus fuentes de agua.
Desde el Instituto Nacional de Bosques (INAB), Bruno Arias explicó que la institución reconoce la posesión ancestral desde 2011, lo cual permite el acceso a incentivos forestales incluso sin títulos inscritos. El 36 % de los fondos de estos programas benefician actualmente a comunidades sin registros formales.
Erick López, del Registro General de la Propiedad, explicó que menos de la mitad de las propiedades en el país están registradas formalmente, lo que limita el ejercicio pleno de derechos. Subrayó el interés del Registro de revisar casos particulares y apoyar desde la legalidad los derechos colectivos.
Hugo Bautista, registrador de la propiedad en Quetzaltenango, propuso invitar a representantes municipales a la Comisión Nacional Registral, para revisar los reglamentos locales que puedan vulnerar tierras comunales. Señaló la importancia de establecer criterios de calificación registral ante posibles inscripciones conflictivas.
Carlos Mendoza, secretario de planificación de SEGEPLAN, reiteró que esta institución es actualmente la única que verifica la certeza de la propiedad en el sistema de inversión pública, lo que ha impedido la aprobación de múltiples proyectos por falta de certeza legal sobre los terrenos. En ese marco, propuso que el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas sea incorporado en la futura Política de Pueblos Indígenas liderada por el Ministerio de Cultura y Deportes, actualmente en proceso de construcción.
Desde el Registro de Información Catastral (RIC), Carlos Cristian Espinoza expresó que, aunque su cobertura actual se limita a 68 municipios, están dispuestos a coordinar con las comunidades para realizar levantamientos e identificar tierras comunales en donde sea necesario.
Finalmente, Ángela Díaz, gerente general interina del Fondo de Tierras, destacó que su institución gestiona arrendamientos, regularización y acceso a la tierra. Abrió la posibilidad de recibir directamente los casos planteados por autoridades comunitarias y anunció que el Fondo elabora una agenda estratégica para la próxima década, en la que espera incluir los aportes de esta mesa.
Estas intervenciones confirman el enfoque interinstitucional promovido por el gobierno y refuerzan el trabajo articulador de la Secretaría Privada de la Presidencia.
Con este ejercicio, el Gobierno reafirma su voluntad de avanzar hacia una gestión pública más cercana, respetuosa de los derechos colectivos y orientada a responder, con hechos concretos, a las demandas históricas de los pueblos indígenas. Este compromiso se consolida a través del diálogo directo y una política basada en el respeto, la justicia y la participación.
